El proyecto de ley para la protección de inquilinos que ingresó en la Legislatura enciende controversias y posturas encontradas
El tema de los inquilinos llegó a la Legislatura porteña. Por estos días, se analiza un proyecto de ley del diputado de Encuentro Popular Juan Cabandié que prevé la formulación del Régimen de Protección de Inquilinos y la creación de un Fondo Fiduciario de Garantías.
De ser aprobado, el régimen tendrá una duración de diez años, período durante el cual el monto máximo de la comisión por cobrar por los corredores inmobiliarios que intermedien en los contratos de alquiler de inmuebles destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente, cuyo alquiler mensual no supere las 3500 unidades fijas o pesos, no podrá superar el equivalente al 3% del valor total del contrato.
Además, los corredores deberán colocar en su local u oficina un letrero en un lugar visible mediante el cual informen al público sobre la limitación prevista. La fiscalización quedaría a cargo del Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios de la ciudad, creado por la ley N° 2340.
El proyecto también busca crear el Fondo de Garantía para Locaciones Urbanas destinadas a Vivienda Unica, con objeto de otorgar garantías a los locadores en respaldo de las obligaciones asumidas por los locatarios y en virtud de los contratos de alquiler ubicados en la jurisdicción de la ciudad con destino a vivienda única, familiar y permanente que éstos celebren. El proyecto establece que el Banco de la Ciudad será el fiduciario del fondo.
El diputado Cabandié explica: “La iniciativa surgió como respuesta a la gran cantidad de reclamos que fui recibiendo respecto de las garantías para alquileres y las comisiones que cobran las inmobiliarias. Creemos que este proyecto, que básicamente se centra en los alquileres familiares de vivienda única, daría más tranquilidad a inquilinos y propietarios, y permitiría agilizar los trámites para los inquilinos. Y tuvimos muy buena respuesta de la gente, tanto a través de encuestas en la Web como de las redes sociales. En todos los casos se ponderaba la idea de hacer algo con el tema de los alquileres”, finalizó.
Para el martes próximo se prevé una reunión de consenso para discutir el tema entre el autor del proyecto y las autoridades del Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios (Cucicba) y de la Cámara Inmobiliaria Argentina.
Hugo Mennella, titular del Cucicba, destaca: “El título del proyecto de ley protege sólo una de las partes, y la legislación no debe ser inquilinista ni propietarista. Debe primar siempre la libertad contractual. Creemos que antes de tomar cualquier decisión, los diputados deberían consultar a los profesionales inmobiliarios, porque este tipo de medidas retraen el mercado de alquiler”.
Para Diego Migliorisi, titular de Migliorisi Propiedades: “Este proyecto realmente es muy objetable desde el punto de la constitucionalidad, pues desde la Legislatura porteña se estaría intentado violar el derecho constitucional que tutela la libertad de comercio con una ley local. Sería más beneficioso tratar leyes que contemplen planes de financiación con tasas razonables y requisitos accesibles para la compra de primera vivienda”.
“El Estado no debería involucrarse en los honorarios profesionales de los corredores inmobiliarios. Crear un fondo de garantía es una buena idea, que debería desarrollarse para agilizar los contratos de locación”, apunta Aníbal Montes, a cargo de R. G. Montes.
Néstor Walenten, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, dice: “El proyecto es una desconsideración hacia el profesional inmobiliario, ya que busca regular sus honorarios, que sería lo mismo que regular los honorarios de un cirujano o de un legislador. Paralelamente creemos que el régimen de protección debe pasar por otro lado; por ejemplo, con una mayor dinámica del Instituto de la Vivienda, que construya más inmuebles para la gente necesitada. La creación de un régimen de garantías es agregarle más gastos al gobierno porteño. Este proyecto tiene serias fallas en cuanto al conocimiento sobre cómo actúa el mercado y cómo se dan recursos para que actúe ese fondo”.
Juan Fernández Mugica